Implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la plusvalía municipal

Implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la plusvalía municipal

Como ya anticipamos en una alerta anterior, el 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional publicó una nota informativa declarando inconstitucionales y, en consecuencia, nulos, una serie de artículos de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como “plusvalía municipal”. Apenas unos días después de hacerse pública dicha nota informativa, el día 3 de noviembre, el Tribunal Constitucional publicó en su página web el contenido concreto de la sentencia. Una vez conocido este, procede analizar con detenimiento cada supuesto concreto a efectos de valorar en detalle su aplicación y las posibles actuaciones a realizar, considerando, en particular, su limitación de efectos. A fin de valorar los efectos del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su concreta situación y, en función de ella, precisar las actuaciones necesarias para la defensa de sus derechos, consideramos conveniente llevar a cabo la siguiente distinción: En caso de autoliquidaciones cuya rectificación hubiese sido solicitada ex art. 120. 3 LGT, y se encontrasen pendiente de resolución, la manera de proceder conllevará una actualización de las alegaciones. En caso de autoliquidaciones no firmes, cuya rectificación no hubiese sido solicitada: recomendamos que se pongan en contacto con el departamento fiscal de Santiago Mediano Abogados en orden a analizar en detalle su caso. En este punto, resulta conveniente destacar que deberán hacerlo con especial rapidez aquellos en los que se aproxime el plazo de prescripción de cuatro años. Por último, señalar que la propia sentencia establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles ser...
Seis claves de la nueva directiva de derechos de autor

Seis claves de la nueva directiva de derechos de autor

El pasado 2 de noviembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de Directivas de la Unión Europea “en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.” Su Libro Cuarto incorpora al Derecho español dos Directivas en materia de propiedad intelectual, la “Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE”, y, la muy trascendente “Directiva 2019/790/UE, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE“ (“Directiva DMUD”). La forma de transposición de ambas Directivas, mediante Real Decreto, se ha justificado por el Gobierno en base a la extraordinaria y urgente necesidad habida cuenta de que el plazo de interposición venció el día 7 de junio de este año. Es cierto que, si bien el plazo de transposición ha sido de dos años, las esperadas Orientaciones de la Comisión Europea sobre el controvertido artículo 17 (Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea la Directiva DMUD), a...
El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal: ¿qué consecuencias tiene esta decisión?

El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal: ¿qué consecuencias tiene esta decisión?

El pasado martes 26 de octubre, el Tribunal Constitucional estimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, declarando inconstitucionales y, en consecuencia, nulos, una serie de artículos de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como “plusvalía municipal”. En concreto, los preceptos declarados inconstitucionales son los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en los que se prevé la determinación de la base imponible. Los argumentos esgrimidos por el Constitucional relativos a su anulación estriban en el método de determinación de la base imponible del Impuesto, el cual se hace con parámetros objetivos y determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, independientemente de que haya sido así y de la cuantía real de tal incremento. De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que tiene lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el único hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal determinado, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en completa contradicción con el principio de capacidad económica del citado artículo 31.1 CE. Así pues, con...
¿Estoy obligado a nombrar un Delegado de Protección de Datos?

¿Estoy obligado a nombrar un Delegado de Protección de Datos?

Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con una multa de 10.000€ a una empresa por no haber nombrado a un Delegado de Protección de Datos cuando estaba obligada a ello. Con independencia del coste económico que supone una multa, hemos de tener en cuenta el coste “reputacional” que una sanción de este tipo puede llevar aparejada y que afecta seriamente a nuestra credibilidad en el mercado. ¿Cuándo se debe nombrar un DPD y comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)? Si tu actividad se encuentra en alguno de los sectores indicados a continuación, estás en la obligación de nombrarlo según el artículo 34 de la LOPDGDD: Colegios profesionales Centros de enseñanza Universidades Empresas cuya actividad sea la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas Sociedades prestadoras de servicios de la sociedad de la información cuando se dediquen a elaborar perfiles de los usuarios del servicio a gran escala. Empresas de crédito Compañías financieras de crédito Empresas de seguros Empresas de servicios de inversión Entidades distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica y de gas natural Empresas responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude. Organismos cuyas actividades principales sean la publicidad y prospección comercial Centros sanitarios Empresas cuya principal actividad consista en emitir informes comerciales referidos a personas físicas. Compañías dedicadas a la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos Entidades de seguridad privada Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad Aunque operes en otro...
Nuevo régimen en el IVA del comercio electrónico: seis novedades de la normativa

Nuevo régimen en el IVA del comercio electrónico: seis novedades de la normativa

El auge del comercio electrónico acontecido durante estos últimos años ha motivado la revisión de la normativa de IVA que venía siendo aplicable en esta materia, con el fin de: Restablecer unas condiciones de competencia semejantes entre los operadores intra y extracomunitarios; y, asimismo, respecto del comercio tradicional. Combatir el fraude fiscal y reforzar la recaudación del IVA en el lugar de consumo. Simplificar y facilitar a los operadores el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En el marco estatal, el Real Decreto Ley 7/2021, de transposición, entre otras, de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, en materia del IVA y el comercio electrónico, vino a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico interno la principal normativa de rango legal que rige dicha materia desde el pasado jueves 1 de julio. Estas nuevas reglas afectan fundamentalmente a vendedores online, plataformas digitales o marketplaces, operadores postales, empresas de mensajería y transporte, y, asimismo, a consumidores de la Unión Europea. Novedades en el IVA del comercio electrónico Las principales novedades introducidas por el Real Decreto en materia del IVA del comercio electrónico, orientadas a reforzar el principio de tributación en destino, y que entraron en vigor la pasada semana, son concretamente las siguientes: 1. Desaparición de los umbrales por Estado miembro, que hasta ahora existían para ventas a distancia, los cuales se han visto sustituidos por un umbral único y común fijado en 10.000 euros en todos los Estados miembros de la UE. Por debajo de este umbral, estos suministros a particulares continúan estando sujetos al IVA del Estado miembro de origen. 2. Si se excede el umbral de ventas citado, la tributación pasará...