Videopost: La responsabilidad penal de los centros educativos y medidas para evitarla

Videopost: La responsabilidad penal de los centros educativos y medidas para evitarla

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue una novedad, introducida en el Código Penal en el año 2010, que modificó nuestra tradición jurídico penal y que permitió que una organización o empresa pudiera ser responsable, por sí misma, de la comisión de determinados delitos. Por su importancia y, sobre todo, sus importantes consecuencias, esta responsabilidad tiene especial incidencia en determinados sectores como el educativo. De ahí la necesidad de conocer a qué riesgos penales se pueden enfrentar los Centros Educativos (como colegios, universidades o academias), qué consecuencias pueden derivarse de ello y de qué forma pueden evitarse. Así, lo que el artículo 31 bis del Código Penal establece es que, ante determinados delitos cometidos en el seno de una organización, que en nuestro caso sería un centro educativo, responderían penalmente tanto los trabajadores o colaboradores que prestan sus servicios en la misma como la propia organización. Pero, ¿cuáles son los delitos que, a priori, podrían ser cometidos por los centros educativos? La responsabilidad de un centro educativo podría abarcar delitos contra la propiedad intelectual e industrial (en el caso de que, por ejemplo, utilicen o visionen contenidos pirateados) o el blanqueo de capitales, en caso de que reciban aportaciones de asociaciones o empresas colaboradoras o delitos informáticos. También podrían cometer delitos relacionados con el fraude en la contratación de personal o en la gestión de subvenciones públicas, así como la posibilidad de verse implicado, en su caso, en delitos contra menores de edad como el acoso sexual o la difusión en redes sociales de la agresión a un menor. Por todo ello, el centro educativo podría exponerse a:...
La defensa de la Propiedad Intelectual en la jurisdicción contencioso-administrativa

La defensa de la Propiedad Intelectual en la jurisdicción contencioso-administrativa

La defensa de los derechos de propiedad intelectual/industrial se libra en múltiples frentes. Estos días, por ejemplo, en Madrid se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización social ante la venta ilegal y las falsificaciones. Sin cuestionar su necesidad, estas actuaciones y las propias iniciativas legales o administrativas pierden utilidad si frente a las conductas infractoras no hay una reacción rápida y eficaz. Y es aquí donde, frente a la impresión generalizada de que la piratería es como la Hidra de Lerna –que regenera sus cabezas cada vez que le cortan una–, empieza a constatarse un escenario jurídico lo suficientemente maduro como para revertir la situación. Resulta esperanzador ver a autoridades administrativas plenamente concienciadas, funcionarios debidamente capacitados, jueces formados en aspectos tecnológicos… todos ellos comprometidos con la defensa de los derechos de propiedad intelectual en internet. Un ejemplo de ello es la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 15 de noviembre de 2019, que confirma la legalidad de las resoluciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, ordenando la inhabilitación del acceso a contenidos audiovisuales que vulneraban los derechos de propiedad intelectual. La singularidad del asunto radicaba en que el titular del servicio entendía que las autorizaciones para actuar como video club físico le permitían también actuar como video club online. La discusión se centró así en determinar si el visionado en línea de las obras audiovisuales debía considerarse un “acto de distribución” permitido o, por el contrario –como finalmente ha ocurrido– como “acto de comunicación pública” ilegal. Con apoyo en jurisprudencia del TJUE, la AN constata como...
¿Qué novedades trae la Directiva para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión?

¿Qué novedades trae la Directiva para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión?

El pasado 26 de noviembre ha sido publicada, en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que entrará en vigor transcurridos 20 días. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las nuevas normas a su ordenamiento jurídico interno. Esta norma establece: • Crear Canales de denuncia en empresas (de más de 50 trabajadores) y municipios (de más de 10.000 habitantes) que tendrán la obligación de establecer canales de denuncia efectivos y eficaces. • Graduación en el uso de los canales: se recomienda que los denunciantes utilicen en primer lugar los canales internos de su organización antes de recurrir a los canales externos, aunque corresponde a los denunciantes elegir si deciden recurrir a los canales internos o externos. • Se presupone la buena fe del denunciante y se prevén sanciones para aquellas denuncias que sean falsas. • Se contempla la posibilidad de revelar la información públicamente, en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables. • Se amplía el ámbito de aplicación: contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, salud pública, protección de datos, derecho de la competencia, etc. • El concepto de denunciante es tratado de manera muy amplia y siempre en medio de una relación laboral: trabajadores, autónomos, funcionarios, directivos, etc. • Se determinan Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: se establecen salvaguardias para proteger de represalias...
Videopost: ¿Por qué una cámara de vigilancia simulada puede vulnerar el derecho a la intimidad?

Videopost: ¿Por qué una cámara de vigilancia simulada puede vulnerar el derecho a la intimidad?

Las cámaras de vigilancia simuladas, a pesar de tener una finalidad disuasoria y no ser aptas para tomar imágenes, pueden constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de una persona si, por ejemplo, apuntan a zonas privadas de una vivienda. A esta interesante y novedosa conclusión ha llegado el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, a propósito del uso de cámaras simuladas. Hablamos tanto de dispositivos de vigilancia que permanecen apagados o inactivos como de meras carcasas que simulan ser cámaras de vigilancia, pero sin aptitud para grabar, almacenar ni reproducir imágenes. Precisamente estas carcasas, alimentadas por una batería, las había instalado la empresa demandada en el exterior del establecimiento, de forma tal que generaban la apariencia de captar imágenes tanto de las entradas y salidas de la vivienda contigua, como de una parte del jardín en la que el demandante desarrollaba su vida familiar. Agotada la vía de la Agencia Española de Protección de Datos, que archivó la denuncia por entender que las cámaras (que no captaban, ni grababan ni procesaban imágenes) no trataban datos personales, el perjudicado reclamó judicialmente la protección de su derecho a la intimidad. ¿Qué nos dice al respecto el Tribunal Supremo sobre la vulneración del derecho a la intimidad? En primer lugar, nos recuerda que este derecho otorga al titular el poder de resguardar un ámbito reservado —no solo personal sino también familiar—, frente a la acción y el conocimiento de los demás, así como la tranquilidad razonable para el ejercicio de la vida privada, que se ve afectada cuando existen dudas sobre si los dispositivos instalados son operativos o...
Novedades en el ámbito de la Contratación Pública y Competencia

Novedades en el ámbito de la Contratación Pública y Competencia

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector público, nació con la pretensión expresa de modificar la contratación pública incrementando sustancialmente la transparencia y la competencia efectiva en este ámbito, convertido ya en herramienta de políticas públicas de carácter social y medioambiental. Se trata de objetivos muy ambiciosos que no han estado exentos de críticas por quienes los consideran un exceso del legislador. Con todo, importa destacar que esta Ley ha introducido un nuevo paradigma en la contratación que obliga a mantener una especial vigilancia administrativa, con revisiones y acciones continuas y/o recurrentes. Recientemente se han producido dos particularmente interesantes: Por un lado, el BOE del pasado día 5 publicaba el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. La norma –enmarcada en la tendencia, hoy habitual, de dedicar a la exposición de motivos una extensión similar a la del articulado– se justifica en la vulnerabilidad de la seguridad pública en el ámbito digital, las exigencias de privacidad y las garantías de los derechos digitales de los ciudadanos (ciberataques, hackeo de dispositivos, robo de datos e información…) En materia de contratación se introducen diferentes cautelas orientadas a “garantizar en todas las fases de la contratación (expediente de contratación, licitación y ejecución del contrato) el respeto por parte del contratista y subcontratistas de la legislación de la UE en materia de protección de datos)”: se amplía el contenido mínimo de los contratos y de los aspectos que deben señalar los pliegos, se introduce una...
¿Qué aspectos principales incluye la nueva Guía sobre el Uso de las Cookies de la Agencia de Protección de Datos?

¿Qué aspectos principales incluye la nueva Guía sobre el Uso de las Cookies de la Agencia de Protección de Datos?

El pasado viernes 8 de noviembre tuvo lugar la presentación de la nueva Guía sobre el Uso de las Cookies (en adelante, la Guía), que la Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado en colaboración con Adigital, Anunciantes, IAB Spain y Autocontrol. El principal objetivo de la Guía es la revisión y actualización de la versión elaborada en el año 2012, para adecuarla al marco vigente en materia de protección de datos (principalmente, Reglamento 2016/679, General de Protección de Datos –RGPD– y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales –LOPDP–). La Guía recoge las orientaciones, garantías y obligaciones que deben ser observadas y cumplidas respecto del uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, lo que incluye, entre otras, tecnologías tales como las cookies, flash cookies, web beacons o bugs (en adelante, conjuntamente, Cookies). Dichas obligaciones también resultan de aplicación al empleo de técnicas que permitan realizar una huella digital de los dispositivos (fingerprinting). La Guía analiza la necesidad de cumplir con dos obligaciones básicas: información previa sobre quién, cómo y para qué se utilizan las Cookies; y obtención del consentimiento de los usuarios, teniendo en cuenta que la normativa vigente establece unos requisitos más estrictos. A continuación se indican los principales aspectos a tener en consideración de cara al cumplimiento de las referidas obligaciones. Información previa Se debe facilitar la información de manera concisa, transparente e inteligible, utilizando un lenguaje claro y sencillo. Se debe evitar el uso de frases y contenidos ambiguos y/o que induzcan a confusión o desvirtúen la claridad del mensaje (p.e. deben evitarse frases como“usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted” o “podemos utilizar...