Desde el 20 de marzo de 2018 el Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior, es aplicable en todos los países de la Unión Europea.

Este Reglamento es un paso más hacia la consecución de las metas propuestas en 2014 por el actual presidente de la Comisión Europea para promover el concepto de «Mercado Único» en el ámbito digital (Digital Single Market). Todo ello con el fin de dinamizar el Derecho y la actividad económica de la Unión.

En concreto, el Reglamento regula la portabilidad transfronteriza entre los Estados miembros. Esto significa que, desde el pasado 20 de marzo, los usuarios de servicios digitales on-line en su Estado de residencia deberán recibir los mismos servicios en otro Estado miembro, sin coste adicional, cuando se trate de una estancia temporal en este segundo Estado.

Esto implica que prestadores de servicio (o DSP, por sus siglas en inglés) como Netflix, Movistar +, ITunes, y Spotify, entre otros, han tenido que eliminar eventuales restricciones a la prestación de sus servicios dentro de la Unión Europea por razón del Estado en el que se encuentre el usuario-las cuales se derivan, en su mayoría, de la adquisición de licencias exclusivas-. Además, los DSP deben garantizar a los usuarios las mismas funcionalidades de las que disfrutan en su Estado de residencia sin coste adicional. No obstante, esto no implica que dicha prestación se haga bajo los mismos estándares de calidad (a menos que se estipule lo contrario contractualmente).

Si bien es cierto que el fin del Reglamento es favorecer a los usuarios consumidores ciudadanos de la Unión Europea, pues busca mejorar el acceso a los servicios de contenidos en línea, cabe la posibilidad de que las medidas que implementa causen el efecto contrario. Ello se debe a que dichas medidas afectan en su mayoría a dos de los principales medios de financiación de la industria audiovisual: las licencias territoriales exclusivas y el sistema de fijación de precios intertemporal (el contenido es ofrecido a través de distintas «ventanas», lo que otorga a los usuarios una variedad de accesos, en distintos momentos y lugares, y con distintos niveles de precio en función del mercado).

Según diversas fuentes e informes[1] se prevé la posibilidad de que la industria audiovisual, tanto a nivel nacional como europeo, sufra de manera significativa un descenso en sus ingresos (más bien, sufra pérdidas) a corto plazo debido a esta nueva regulación. Incluso se vaticina que el mercado de licencias territoriales va a verse claramente debilitado en el ámbito digital, sino casi extinguido, y que la calidad de los contenidos ofertados decaerá debido a las mencionadas pérdidas que sufrirán las productoras, lo que implica que el repertorio al que tendrán acceso los consumidores será más reducido y con precios más elevados.

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