Implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la plusvalía municipal

Implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la plusvalía municipal

Como ya anticipamos en una alerta anterior, el 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional publicó una nota informativa declarando inconstitucionales y, en consecuencia, nulos, una serie de artículos de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como “plusvalía municipal”. Apenas unos días después de hacerse pública dicha nota informativa, el día 3 de noviembre, el Tribunal Constitucional publicó en su página web el contenido concreto de la sentencia. Una vez conocido este, procede analizar con detenimiento cada supuesto concreto a efectos de valorar en detalle su aplicación y las posibles actuaciones a realizar, considerando, en particular, su limitación de efectos. A fin de valorar los efectos del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su concreta situación y, en función de ella, precisar las actuaciones necesarias para la defensa de sus derechos, consideramos conveniente llevar a cabo la siguiente distinción: En caso de autoliquidaciones cuya rectificación hubiese sido solicitada ex art. 120. 3 LGT, y se encontrasen pendiente de resolución, la manera de proceder conllevará una actualización de las alegaciones. En caso de autoliquidaciones no firmes, cuya rectificación no hubiese sido solicitada: recomendamos que se pongan en contacto con el departamento fiscal de Santiago Mediano Abogados en orden a analizar en detalle su caso. En este punto, resulta conveniente destacar que deberán hacerlo con especial rapidez aquellos en los que se aproxime el plazo de prescripción de cuatro años. Por último, señalar que la propia sentencia establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles ser...
Seis claves de la nueva directiva de derechos de autor

Seis claves de la nueva directiva de derechos de autor

El pasado 2 de noviembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de Directivas de la Unión Europea “en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.” Su Libro Cuarto incorpora al Derecho español dos Directivas en materia de propiedad intelectual, la “Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE”, y, la muy trascendente “Directiva 2019/790/UE, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE“ (“Directiva DMUD”). La forma de transposición de ambas Directivas, mediante Real Decreto, se ha justificado por el Gobierno en base a la extraordinaria y urgente necesidad habida cuenta de que el plazo de interposición venció el día 7 de junio de este año. Es cierto que, si bien el plazo de transposición ha sido de dos años, las esperadas Orientaciones de la Comisión Europea sobre el controvertido artículo 17 (Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea la Directiva DMUD), a...
El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal: ¿qué consecuencias tiene esta decisión?

El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal: ¿qué consecuencias tiene esta decisión?

El pasado martes 26 de octubre, el Tribunal Constitucional estimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, declarando inconstitucionales y, en consecuencia, nulos, una serie de artículos de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como “plusvalía municipal”. En concreto, los preceptos declarados inconstitucionales son los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en los que se prevé la determinación de la base imponible. Los argumentos esgrimidos por el Constitucional relativos a su anulación estriban en el método de determinación de la base imponible del Impuesto, el cual se hace con parámetros objetivos y determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, independientemente de que haya sido así y de la cuantía real de tal incremento. De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que tiene lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el único hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal determinado, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en completa contradicción con el principio de capacidad económica del citado artículo 31.1 CE. Así pues, con...
Primeros pasos para construir la Identidad Digital Europea (IDE): ¿cuál es su objetivo y qué características tiene?

Primeros pasos para construir la Identidad Digital Europea (IDE): ¿cuál es su objetivo y qué características tiene?

La Comisión Europea ha propuesto un marco normativo para la creación de una identidad digital europea, de manera que los usuarios puedan identificarse, demostrar su edad y compartir documentos electrónicos (entre otros, permiso de conducción, tarjetas bancarias, títulos universitarios o recetas médicas), desde sus dispositivos móviles y en el ámbito de la Unión Europea. Se ofrecerá a ciudadanos y empresas unas carteras digitales desde las que poder acceder, fácilmente y de manera segura, a servicios públicos y privados online sin necesidad de utilizar métodos de identificación privados o compartir datos personales innecesarios. Las características de la identidad digital europea son: disponible para toda persona que desee utilizarla; su uso no será obligatorio, sino voluntario y quien lo desee, podrá usarla; No obstante lo anterior, la Administración Pública sí deberá aceptar estas carteras digitales para hacer trámites e, igualmente, las grandes plataformas digitales privadas con un número mínimo de usuarios también deberán posibilitar su uso. posibilitar un uso generalizado, bien para identificar a los usuarios, bien para certificar determinados atributos personales a la hora de acceder a servicios digitales públicos y privados en toda la Unión; garantizar el control por el usuario de sus datos, permitiendo a los usuarios elegir qué aspectos de su identidad, datos y certificados quieren compartir con terceros y mantenerse al corriente de lo que con ellos se haga. Este control por los usuarios garantiza que solo se comparta aquella información que realmente deba compartirse. En paralelo, la Comisión trabajará con los Estados Miembros y el sector privado en los aspectos técnicos de la identidad digital europea. Desde el área de Tecnologías, Medios y Telecomunicaciones quedamos a...
Protección de datos en las relaciones laborales: aspectos clave de la nueva guía de la AEPD

Protección de datos en las relaciones laborales: aspectos clave de la nueva guía de la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado recientemente una actualización de su guía sobre protección de datos en las relaciones laborales (en adelante, la Guía), donde se recogen las recomendaciones y conclusiones de los dictámenes e informes emitidos tanto por la AEPD como por el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB), así como la jurisprudencia más relevante en la materia. El objetivo es “proporcionar una orientación de carácter práctico, no vinculante”, que facilite a los responsables y encargados del tratamiento el cumplimiento de la normativa de protección de datos vigente en diversos ámbitos y aspectos de las relaciones laborales. Junto con una serie de aspectos y cuestiones generales, la Guía cuenta con recomendaciones correspondientes a los tratamientos más comunes de las distintas fases de la relación laboral (selección, contratación, desarrollo y extinción), junto con aspectos particulares relativos al control de la relación laboral, la representación de los trabajadores y la vigilancia de la salud. Entre los temas abordados en la Guía, cabe destacar los siguientes: a) Bases jurídicas: Se analizan las bases jurídicas aplicables a las relaciones laborales, siendo la ejecución del contrato la principal de ellas. El consentimiento, por otro lado, debería utilizarse con carácter excepcional. b) Decisiones automatizadas: Se proporcionan recomendaciones para el empleo de decisiones automatizadas en procesos de selección y en la evaluación del rendimiento laboral, con el fin de no producir prácticas discriminatorias y atender los derechos de los interesados. c) Datos biométricos: Se contempla el uso de datos biométricos en tratamientos como controles de acceso o registro horario y se indican las medidas que se deben adoptar. La Guía...
Claves de la nueva normativa sobre los criptoactivos y su publicidad

Claves de la nueva normativa sobre los criptoactivos y su publicidad

Primer paso para regular en España la figura de los criptoactivos y su publicidad. Recientemente se han aprobado dos normas que pretenden aportar seguridad jurídica respecto al tráfico, en el mercado de valores, de los productos financieros conocidos como criptoactivos (entre otros, las monedas virtuales, como el Bitcoin o Ether) y su publicidad. Se trata del Real Decreto-ley 5/2021 y del Real Decreto-ley 7/2021, que incluyen importantes novedades en esta materia. ¿Qué novedades introduce la nueva normativa? Como principales novedades, cabe destacar las siguientes: Introducción de nuevos conceptos legales. Establecimiento de requisitos para el acceso a la actividad de proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. Introducción de obligaciones para los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos y cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria. Habilitación de la Comisión Nacional del Mercando de Valores (CNMV) como controlador administrativo de la publicidad de criptoactivos. ¿Cuáles son los conceptos legales introducidos más relevantes? Los conceptos legales más relevantes son los siguientes: Criptoactivo, definido como “representaciones digitales de valor o derechos que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registros distribuidos u otra similar”. Moneda virtual, definida como “aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente”. Es decir, la moneda virtual es un tipo de criptoactivo. Proveedor de servicios de custodia de monederos electrónicos, entendido como “aquellas personas físicas o entidades que prestan servicios de...