Desde que en 2022 se publicase la actual Ley de Residuos, una de sus novedades m\u00e1s llamativas ha pasado inadvertida: la extensi\u00f3n del concepto de \u201cposeedor\u201d para incluir tambi\u00e9n al titular catastral de la parcela donde aparezcan residuos. Se trata de una inclusi\u00f3n in\u00e9dita \u2014ausente en las normas anteriores\u2014 que coloca a los titulares catastrales frente a nuevas cargas y obligaciones, pese a no tener, en muchos casos, un control real sobre la generaci\u00f3n o gesti\u00f3n de dichos residuos. El debate no es si carecen de toda responsabilidad, sino si es leg\u00edtimo configurar un r\u00e9gimen tan amplio que roza la responsabilidad objetiva, sin an\u00e1lisis de culpabilidad ni ponderaci\u00f3n de su papel en la gesti\u00f3n.<\/p>
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La evoluci\u00f3n normativa de la materia es amplia. El proceso arranc\u00f3 con la Directiva 2008\/98\/CE, que consolid\u00f3 el enfoque integral \u00abde la cuna a la tumba\u00bb a nivel europeo, exigiendo a los Estados miembros garantizar la trazabilidad completa de los residuos desde su generaci\u00f3n hasta su tratamiento definitivo.<\/p>
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Esta aproximaci\u00f3n, que ya se intu\u00eda en la Ley 10\/1998, alcanz\u00f3 su madurez con la Ley 22\/2011, antecedente directo de la vigente Ley 7\/2022, de residuos y suelos contaminados para una econom\u00eda circular, con la que se ha logrado una mayor concreci\u00f3n regulatoria.<\/p>
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Sin embargo, esta norma incorpora algunas novedades controvertidas, siendo especialmente significativa la extensi\u00f3n del r\u00e9gimen de responsabilidad a los titulares catastrales de parcelas donde se gestionen residuos. Una innovaci\u00f3n que rompe con el cl\u00e1sico principio de \u00abquien contamina, paga\u00bb, tradicionalmente reservado a los productores y gestores de residuos.<\/p>
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La novedad consiste en ampliar el concepto de \u201cposeedor\u201d establecido en su art\u00edculo 2.x), para incluir tambi\u00e9n al \u00abtitular catastral de la parcela en la que se localicen residuos abandonados o basura dispersa\u00bb. Aunque se plantea de forma subsidiaria \u2013pues el responsable principal sigue siendo \u00abel autor material del abandono o el poseedor anterior\u00bb\u2013, introduce una responsabilidad objetiva que prescinde de la culpabilidad tradicionalmente exigida, como puede suceder en aquellos supuestos en que la finca se encuentre arrendada.<\/p>
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De este modo, se generan situaciones parad\u00f3jicas en las que titulares ajenos a la actividad desarrollada en sus parcelas pueden verse compelidos a cumplir obligaciones que con anterioridad correspond\u00edan, de manera exclusiva, a quienes ejerc\u00edan un control efectivo sobre los residuos.<\/p>
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As\u00ed, podr\u00edan ser obligados a sufragar los costes relativos a los impactos medioambientales, en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero (art. 11); identificar y registrar residuos ante la autoridad competente (art. 20.4); o garantizar su almacenamiento conforme a la normativa (art. 21.a), entre otros deberes propios de los \u201cposeedores\u201d.<\/p>
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Esta construcci\u00f3n rompe el v\u00ednculo cl\u00e1sico entre poder de control y la responsabilidad, generando un desajuste estructural que sit\u00faa al titular catastral en una posici\u00f3n de vulnerabilidad jur\u00eddica. En consecuencia, la nueva configuraci\u00f3n le impone determinadas cargas sin dotarle de los instrumentos jur\u00eddicos necesarios para ejercer un control efectivo sobre las operaciones generadoras de tales responsabilidades.<\/p>
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La ausencia de una doctrina jurisprudencial consolidada sobre la actual definici\u00f3n plantea ciertos interrogantes sobre su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, siendo necesario un pronunciamiento que aborde la compatibilidad de esta extensi\u00f3n de responsabilidad \u2013manifiestamente objetiva\u2013 cuando la imputaci\u00f3n se desvincula del control real sobre la actividad generadora del incumplimiento.<\/p>
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Es cierto que algunos pronunciamientos previos, conforme a la normativa anterior, ya hab\u00edan expandido el \u00e1mbito de responsabilidad al se\u00f1alar que \u00abla obligaci\u00f3n de reponer incumbe, aun cuando no haya sido el autor de los vertidos [\u2026] al “poseedor” de los mismos\u00bb (por todas, STSJCV 434\/2018, de 16 de febrero). No obstante, aquellos precedentes se fundamentaban en supuestos donde concurr\u00edan elementos de control material efectivo o consentimiento, circunstancias que no resultan exigibles bajo la actual regulaci\u00f3n.<\/p>
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Aun siendo una previsi\u00f3n de car\u00e1cter formalmente subsidiario, no puede considerarse excepcional en la pr\u00e1ctica, ya que basta con que resulte imposible identificar al verdadero responsable del abandono de los residuos para que la responsabilidad se atribuya al titular catastral. Tal situaci\u00f3n se puede producir, por ejemplo, cuando un tercero indeterminado abandona residuos en una parcela privada sin vigilancia o insuficientemente atendida. De este modo, la ampliaci\u00f3n del concepto de poseedor, aunque refuerza las garant\u00edas de trazabilidad al incrementar el n\u00famero de sujetos responsables, obliga a estos a ejercer una supervisi\u00f3n operativa constante sobre sus parcelas y sobre actividades que les resultan totalmente ajenas.<\/p>
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Si bien la Ley 7\/2022 persigue objetivos leg\u00edtimos de econom\u00eda circular y lucha contra el abandono ilegal de residuos, resulta imprescindible modular la definici\u00f3n de “poseedor” para evitar efectos desproporcionados. Una interpretaci\u00f3n conforme a los principios constitucionales de seguridad jur\u00eddica, responsabilidad personal o proporcionalidad, entre otros, exigir\u00eda incorporar elementos objetivos de control real \u2013como el deber de informaci\u00f3n suficiente, las facultades decisorias, la tenencia material continuada o la participaci\u00f3n contractual espec\u00edfica\u2013 para atribuir las responsabilidades de la posesi\u00f3n.<\/p>
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Esta modulaci\u00f3n garantizar\u00eda que \u00fanicamente quienes gestionan realmente los residuos o mantienen un poder de control efectivo sobre su tratamiento respondan por las consecuencias derivadas de su manejo inadecuado, preservando as\u00ed el equilibrio entre la protecci\u00f3n ambiental y la seguridad jur\u00eddica.<\/p>
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