De la cartilla COVID al registro sanitario: una cuestión de privacidad

De la cartilla COVID al registro sanitario: una cuestión de privacidad

Cuando aún no han arreciado las voces críticas con el anuncio lanzado desde la presidencia de la Comunidad de Madrid de poner en funcionamiento la “Cartilla COVID” (una suerte de “salvoconducto sanitario” para quienes hubieran pasado la enfermedad (COVID-19), el vicepresidente de la Comunidad ha salido al paso en rueda de prensa para aclarar que lo que en realidad se pretende es “poner en funcionamiento un registro público donde se recopilarán datos que los propios profesionales puedan consultar para tener conocimiento de qué pruebas se han ido haciendo los ciudadanos”. Sin embargo, aunque la propuesta inicial se ha rebajado de forma considerable, la puesta en marcha de este registro también conlleva implicaciones jurídicas que es necesario analizar. Entre otras, desde el punto de vista de la privacidad, ya que es necesario tratar y manejar información especialmente sensible (datos de salud), para lo cual se precisa de una base jurídica que haga lícito el tratamiento (consentimiento vs. habilitación legal –vinculada a razones de interés público en el ámbito de la salud pública–) así como un análisis previo y pormenorizado de la/s finalidad/es y propósito/s de la creación del registro, debiéndose valorar todo ello desde la perspectiva de la necesidad, proporcionalidad, adecuación y pertinencia de la propia medida. Dudas por resolver Son muchas las cuestiones que surgen al respecto: el registro de nuestros datos, ¿será una medida voluntaria y opcional para los ciudadanos o nos veremos obligados a “pasar por el aro”? ¿Será una extensión de la historia clínica del Sistema de Salud o, por el contrario, se va a crear un registro independiente? ¿Quién podrá acceder y consultar el registro,...
Medidas aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Medidas aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

En fecha 18 de marzo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, que, mientras se mantenga el estado de alarma no procede la presentación “en ningún caso” de escritos procesales de manera presencial, limitándose la forma telemática (LexNET o sistemas equivalentes en Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y el País Vasco) a aquellos que tengan por objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las instrucciones y acuerdos del órgano de gobierno de los jueces. El acuerdo precisa, no obstante, que la suspensión de plazos procesales no impide, de acuerdo con el apartado 4 de la citada disposición adicional, la adopción de aquellas actuaciones judiciales “que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”, por lo que dicha suspensión no alcanza a la presentación de escritos que se encuentren vinculados con actuaciones judiciales urgentes y...
Medidas extraordinarias para la flexibilización en la gestión de sociedades

Medidas extraordinarias para la flexibilización en la gestión de sociedades

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entre las medidas de flexibilización del capítulo V establece una serie de medidas extraordinarias que pueden resultar prácticas para la gestión de las sociedades durante este período de alarma. Así, el artículo 40, titulado “Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado” establece en relación con diversas entidades, entre ellas las asociaciones, fundaciones y sociedades mercantiles, lo siguiente: Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. El plazo de tres meses para la formulación de las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, ya se hubieran formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. La junta...

¿En qué consisten las medidas para flexibilizar los ERTE en las empresas derivados de la emergencia sanitaria?

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID­19, en vigor desde este miércoles 18 de marzo, establece en su Capítulo II diversas medidas tendentes a flexibilizar la tramitación de los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), para la suspensión de contratos o la reducción de jornadas, con la principal finalizar de evitar los despidos durante esta crisis sanitaria. Se diferencian de forma clara DOS MODALIDADES DE ERTE que pueden tramitarse en este escenario de crisis por el COVID-19:   ERTEs por fuerza mayor, que corresponde tramitar cuando tenga lugar una pérdida de actividad con causa directa en el COVID­19, incluida la declaración del estado de alarma, que implique: suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.   ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, relacionadas con el COVID-19, que habrá que tramitar cuando no concurra ninguna de las causas de fuerza mayor enumeradas para la anterior modalidad de ERTE. En ambas modalidades de ERTE, se establecen las siguientes ESPECIALIDADES DE TRAMITACIÓN respecto del procedimiento que se recoge en la normativa reguladora de estos expedientes. 1. ERTE por fuerza mayor: A la solicitud de ERTE debe acompañarse un informe relativo a la...

Medidas extraordinarias procesales adoptadas en España ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el virus covid-19

Medidas aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 El Real Decreto establece la suspensión de términos y plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto (tiene una vigencia inicial de quince días naturales) o, en su caso, las prórrogas del mismo. Las excepciones previstas en el Real Decreto son las siguientes:   a) En el orden jurisdiccional penal: la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables. b) En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción no será de aplicación a los siguientes supuestos: El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales del orden contencioso-administrativo, así como las autorizaciones de entrada en domicilio a las administraciones competencia de estos órganos. Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de la jurisdicción social. c) En el orden civil La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno...