Microsoft quiere pagarte un abogado si te metes en líos con la IA

Guionistas, ilustradores, fotógrafos, músicos, programadores… La lista de profesiones que han dado la señal de alarma sobre la inteligencia artificial no ha dejado de dilatarse en los últimos meses. La razón es simple. Todos sospechan –y no sin razón– que los grandes modelos, como GPT de OpenAI, han sido entrenados con sus obras, algo que permitirá que se creen nuevos contenidos a partir de los suyos, pero sin que ellos den su consentimiento o reciban algún tipo de compensación. Es algo que anticipa que el frente judicial será una de las grandes batallas de la IA y que siembra todo tipo de dudas sobre los usuarios. Por si acaso, Microsoft ha decidido tomar la delantera con un anuncio, aparentemente, estrambótico.

Hace unos días, la tecnológica comunicaba que sufragará tanto los costes judiciales como las sentencias condenatorias –o acuerdos extrajudiciales– de los usuarios que, habiendo usado Copilot, su flamante herramienta de inteligencia artificial, se hayan visto envueltos en algún pleito. «A algunos clientes les preocupa el riesgo de sufrir reclamaciones por infracción de propiedad intelectual si utilizan los resultados producidos por la IA generativa», ha comentado Hossein Nowbar, jefe de asuntos jurídicos corporativos en Microsoft, que ha respondido a las claras a esos temores: «Sí, pueden utilizarlos y, si se les cuestiona, asumiremos la responsabilidad por los posibles riesgos legales involucrados«.

El problema no es solo reponer los daños

Paloma Llaneza, abogada especializada en tecnología y autora de Datanomics, contextualiza las medidas anunciadas, ya que «es más que habitual que en los contratos de copyright se incluyan cláusulas de indemnidad total en caso de conflicto». «En el desarrollo de software se utilizan librerías y herramientas de desarrollo preexistentes, así que siempre están ahí. Si hay una reclamación, la paga quien ha hecho el desarrollo«, ejemplifica, subrayando que «están trasladando ese modelo al entorno de la inteligencia artificial».

En el caso de Microsoft, esta letrada comenta que «normalmente, no suelen ser protectores del consumidor, pero quieren darles esa tranquilidad, sobre todo, a sus clientes, que pueden ser pequeños, pero también tan potentes como una desarrolladora de videojuegos». Aquí hay que enfatizar que la inteligencia artificial ha sido la gran apuesta de la tecnológica de este año, después de dejarse 10.000 millones en comprar el 49% de OpenAI, la creadora de ChatGPT. Es algo que le ha valido para dar un empujón a productos como Office 365 o Bing, donde estos desarrollos se han integrado en los últimos meses.

«Me parece un movimiento de lo más inteligente por parte de Microsoft, porque es razonable que los usuarios tengan miedo a que les demanden», opina Santiago Mediano, abogado con décadas de experiencia en propiedad intelectual y presidente de la división de IA del Colegio de Abogados de Madrid. «También son conscientes de que la propiedad intelectual es uno de los principales activos del internet actual. En ese sentido, asumen un compromiso social, porque asume que tienen que reponer el daño», indica. De hecho, en el comunicado, la tecnológica indicaba que, ya que cobran por sus servicios con IA, «si su uso crea problemas legales, deberíamos convertirlo en nuestro problema y no en el de nuestros clientes».

Llegados a este punto, la pregunta es evidente: ¿puede que todo esto se le acabe haciendo bola a Microsoft y acabe en un gasto inasumible en procesos judiciales? Sí, es posible, pero poco probable. «Todavía no hemos visto una gran masa de pleitos, porque tendrían que darse varias circunstancias», responde Mediano. «La primera es que Copilot sugiera un texto que vulnere la propiedad intelectual de un tercero. Después, el afectado tendría que darse cuenta y denunciar. Por último, tendrían que ser capaces de demostrar el plagio y la responsabilidad o culpa de la empresa. Es difícil que todo eso ocurra de forma concurrente», expone.
Llaneza, por su parte, comenta que una empresa de estas características «ya ha echado cuentas» para dar un paso así, «ponderando el número de procedimientos que pueden darse y su naturaleza«. «Ellos consideran que no incumplen y, si hay alguna denuncia, va a llegar dentro de mucho. ¿Cuántos propietarios de derechos van a reclamar a un usuario concreto que haya creado algo? Al final, se judicializan menos de lo que parece y, si ven que les acaba saliendo caro, lo quitarán», explica. Además, es complicado probar que ha habido una infracción con una IA, ya que, por el momento, no está claro cómo juzgar «una obra que no se puede calificar ni de derivada».

«Hay que estar atentos para ver si se quedan aquí o van más allá y se abre un proceso de diálogo honesto, sincero y generoso entre las partes. De momento, es un primer paso en la dirección correcta y espero que otros lo sigan», indica Mediano sobre este punto, remarcando que espera que se acabe convirtiendo en un estándar de mercado, pero también que aborde la minería. Por ahora, en la Unión Europea, la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital establece que no hace falta ni remuneración ni consentimiento para que una IA entrene con obras protegidas.

Aquí Mediano aprovecha para recordar que «la propiedad intelectual no debe impedir el desarrollo tecnológico«, pero que tampoco «el legislador puede percibir esos derechos como un obstáculo». «Quizá las compañías de IA adquieran consciencia de que, aunque se permita hacerlo sin remunerar, las reglas a veces no suponen un equilibrio justo entre todas las partes en juego. Ahora mismo, se está poniendo todo el valor de la cultura a disposición de las tecnológicas a coste cero», enfatiza, mientras que Llaneza recuerda que es algo que se tendrá que «discutir en procedimientos gigantes de los grandes tenedores de derechos contra los motores de las IA fundacionales como OpenAI».