Las grandes plataformas son las protagonistas de la nueva Ley de Servicios Digitales
La norma es clave para luchar contra los problemas que afectan a la sociedad digital, como el discurso de odio, la desinformación y el abuso de datos personales
Desde el pasado viernes, 25 de agosto, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) comienza a ser obligatoria para las grandes plataformas designadas por la Comisión Europea el pasado abril.
Las obligaciones de estas plataformas digitales tienen que ver con la necesidad de tomar medidas rápidas contra el contenido ilegal, como el discurso de odio o los productos ilegales; Informar a las personas usuarias sobre cómo denunciar contenidos ilegales y tomar medidas para prevenir riesgos sistémicos, como la desinformación o las notificas falsas.
La necesidad de controles “ex ante”
Santiago Mediano, presidente del despacho que lleva su nombre, experto en propiedad intelectual y presidente de la sección de robótica e inteligencia artificial del ICAM, cree que la DSA “implica a los grandes agentes tecnológicos en tener un ciberespacio limpio de piratería, de servicios ilegales y seguro para los usuarios, con un nivel de protección más elevado para menores de edad o ciertas minorías, supone un avance importante en el entorno actual”.
A su juicio “hay muchos más temas en los que se puede profundizar y en los que creo que se podría pedir más implicación a las propias plataformas digitales. Se trata de que estos operadores desarrollen la teoría del KYC, ‘Conoce a tu Cliente’. Se trata de pedirles a sus usuarios más transparencia, que se identifiquen y que las plataformas queden obligadas a saber y conocer las identidades de quién está detrás de los usuarios registrados. Podría verse como algo necesario para hacer de Internet un entorno más seguro y justo”.
Para este experto “desde hace años hemos sacrificado en aras de la celeridad y la inmediatez, valores importantes para el usuario como es la seguridad o los problemas que han surgido sobre propiedad intelectual, así como la protección de menores o minorías. Hoy en día hay determinadas conductas de desinformación y odio que son un problema. Creo que se podrá ir más allá en esas políticas desde la DSA, pero podría profundizarse aún más”.
Desde un punto de vista práctico, este jurista subraya que su implementación va a depender de la actitud de las plataformas digitales u operadores de gran volumen. “Hemos pasado de un escenario donde no se abordaban los problemas y cada uno campaba a sus anchas. Que esos intermediarios y plataformas digitales no tuvieran responsabilidad propició el crecimiento de Internet, pero también de la piratería y distintas fechorías a través de la red”, afirma Mediano.
Este experto en propiedad intelectual reconoce que la evolución ha sido lenta y positiva y que “aquello no era bueno para nadie”. Pues, a su juicio, “se ha ido incrementando cada vez más la responsabilidad de los prestadores de esos servicios. Todo esto ha estado basado en controles a posteriori de las actividades para retirar contenidos ilegales o productos piratas, como es el caso de Amazon que tiene un sistema para esos productos. Sin embargo, perseguir a los infractores era algo muy complicado de lograr”.
En su opinión, “todos esos controles están bien, sin embargo, hay una posibilidad que sería la opción de desarrollar controles ex ante. Te das de alta en un servicio como usuario y la plataforma debe tener un sistema para confirmar tu identidad, por lo que estarías obligado a darle datos de contactos y las plataformas deberían chequear esos datos. Estos controles ya existen en las entidades financieras, que te piden información si vas a abrir una cuenta. Con este tipo de iniciativas se ponen coto a muchos delitos y conductas irregulares”.
Para Mediano “este tipo de controles podría reducir la problemática existente, porque ya se sabría la titularidad real de los propietarios de dichas cuentas. Se trata de luchar contra el anonimato y que el pirata, cuando se le bloquee la cuenta, no tenga la posibilidad de abrir otra cuenta y seguir operando, y que los prestadores de servicio tengan la obligación de saber quién está detrás de dichas cuentas o actividades. Esto sí que sería oportuno”.
Leer aartículo completo en Economist&Jurist por Santiago Mediano, Presidente y socio fundador de Santiago Mediano Abogados.
Recent comments