¿Cumple ya su organización con la legislación sobre canales de denuncia en Portugal?
La Ley n.º 93/2021 y el Decreto n.º 109-E/2021 van más allá de la simple obligación de implantar un canal de denuncia: exigen que dicho canal esté correctamente estructurado, que garantice la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones, que proteja la identidad del denunciante, que las denuncias recibidas se gestionen adecuadamente y que, cuando sea necesario, se lleve a cabo una investigación interna.
El incumplimiento de estas obligaciones puede generar riesgos jurídicos, financieros y de reputación relevantes para su organización y, en determinadas circunstancias, responsabilidad individual para sus responsables.
En la práctica, muchas organizaciones siguen teniendo dudas sobre cómo cumplir efectivamente estos requisitos y se exponen a riesgos y a una inseguridad jurídica.
