Aprobada la Ley de Contratos del Sector Público

Aprobada la Ley de Contratos del Sector Público

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el 19 de octubre de 2017 la Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español -con un importante retraso- las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Rechazando finalmente las enmiendas aprobadas en el Senado. En los próximos días se publicará en el BOE y se iniciará el plazo de cuatro meses para su entrada en vigor. No obstante, los expedientes iniciados antes de dicha fecha, los contratos ya adjudicados y los procedimientos de recursos ante Tribunales de contratación continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

La contratación pública en España mueve cerca del 20% del PIB por lo que se entiende fácilmente que las empresas demanden mejoras normativas que ofrezcan celeridad y seguridad en las licitaciones; circunstancias que están en el origen de la modificación de las Directivas europeas, preocupadas por potenciar un verdadero mercado interior en el que se respeten los principios esenciales de transparencia y competencia real y efectiva. A estos fines se debe la obligación de facilitar una mayor información a la CNMC, la posibilidad de que las mesas de contratación trasladen a las autoridades de competencia indicios fundados de conductas colusorias, o la inversión de la regla de la división por lotes -a partir de ahora será la no división la que debe justificarse- como un mecanismo que facilite el acceso de las PYMEs a la contratación pública, objetivo al que también responden, entre otras medidas, la reducción y simplificación de cargas administrativas o la exigencia de requisitos de solvencia en cuanto al pago a los proveedores. El mismo objetivo garantista está presente al definir y limitar la morosidad de las Administraciones públicas estableciendo un plazo máximo de 60 días (30 para comprobar la factura y registrarla y otros 30 para proceder a su pago), impidiendo la negociación de los plazos de pago entre contratista y proveedor y permitiendo que la Administración contratante pueda pagar directamente al subcontratista si detecta retrasos.

Al margen de las bondades pretendidas, la aprobación de esta Ley -que se suma al conjunto de normas públicas esenciales que se han aprobado en los dos últimos años- supondrá la aparición de problemas interpretativos y aplicativos o incluso la constatación de vacíos normativos o de deficiencias regulatorias.

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