Directiva copyright: ¿cómo impactará a las grandes plataformas digitales de contenido?

Directiva copyright: ¿cómo impactará a las grandes plataformas digitales de contenido?

España dispondrá de un plazo extraordinario de seis meses para trasponer la Directiva Copyright, cuyas medidas han levantado polémica desde el inicio. Uno de los principales escollos de la norma reside en la atribución a las plataformas digitales de filtrar y bloquear el contenido ilegal. Algo que, según apuntan muchos expertos, convertiría a las multinacionales tecnologías en la policía de Internet, una función que tampoco quieren asumir estas empresas.

Se trata de una directiva “de máxima relevancia”, como sostiene nuestro presidente Santiago Mediano en un reportaje para Confilegal. Cada vez más servicios tecnológicos de plataformas te van a dar espacio para guardar datos o imágenes de cualquier tipo. Ese espacio habilitado podría hacer accesibles a terceros distintos contenidos. En este caso los usuarios subirán contenidos de todo tipo, personales o ilegales y de esa forma cometerán actos ilícitos”, apunta Santiago.

No se trata, por tanto, de hablar de censura previa, como sostienen muchos operadores del sector. “No hay que confundirla con la protección de la propiedad intelectual. En España tuvimos un debate sobre la Ley Sinde, porque establecía la posibilidad del cierre de páginas. Esa Ley fue dotada de un mecanismos de control judicial ex ante y la Comisión de Propiedad Intelectual. Tanto la Comisión como los que querían su ejecución quedaban obligados a pasar por un tribunal de lo contencioso administrativo”.

Sin embargo, “dicha Comisión para la protección de contenidos no ha funcionado, sobre todo por la falta de medios ante el volumen de reclamaciones”.

Precisamente, lo que propone la Directiva es “la posibilidad de utilizar dispositivos tecnológicos para impedir esos contenidos ilícitos. Es lo lógico porque la industria del crimen trabaja con tecnología muy avanzada”, recuerda Santiago.

En dicha normativa pendiente de trasponer se recogen algunas cuestiones ya implementadas por nuestra legislación “como el derecho de los artistas y autores a unas remuneración proporcional, que en nuestro país ya está funcionando por los mecanismos de gestión colectiva”, concluye.

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