El libro de José Bretón y el derecho a contar incluso lo inaceptable

José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos Ruth y José en 2011, ha escrito un libro en el que reconoce su responsabilidad en los hechos. La publicación ha reabierto heridas y provocado una fuerte reacción pública y jurídica: la madre de los niños ha solicitado que se paralice su publicación por vulnerar el derecho al honor de sus hijos y de ella misma. El debate es legítimo, pero plantea una cuestión clave en cualquier Estado de Derecho: ¿podemos impedir preventivamente la publicación de un libro por el hecho de que su autor sea un asesino?

En España, el artículo 20 de la Constitución protege la libertad de expresión y prohíbe expresamente la censura previa. Esto significa que ninguna idea —por ofensiva o perturbadora que resulte— puede ser impedida antes de su publicación. Si una obra vulnera el honor, la intimidad o la dignidad de otros, hay vías legales para exigir responsabilidades a posteriori, pero no para evitar que esa obra exista, salvo que así lo acuerde un juez.

¿Tiene derecho un asesino condenado a contar su versión? Jurídicamente, sí. La libertad de expresión no se extingue con la condena. No nos gusta y es doloroso —especialmente para las víctimas—, pero impedir que una persona se exprese por el mero hecho de haber cometido un crimen es incompatible con los principios básicos de una democracia. Otra cosa es que eso implique un blanqueamiento del relato o una forma de lucro. Y ahí es donde conviene afinar los matices.

En Estados Unidos existen las llamadas “Son of Sam laws”, que prohíben que los criminales se lucren con la narración de sus crímenes. Aunque estas leyes han tenido que ser moduladas por el Tribunal Supremo estadounidense para no vulnerar la Primera Enmienda, siguen marcando una línea clara: una cosa es hablar, otra cobrar por ello.

En España no hay una norma exactamente equivalente, pero el debate sobre los límites éticos del relato criminal sigue siendo necesario. Precisamente, en nuestra labor de asesoramiento a productoras del género true crime, somos especialmente cuidadosos con este punto: jamás se paga al condenado por los derechos sobre su historia, ni se le permite controlar el relato. Esa frontera ética sí es importante y debe respetarse. No porque lo impida la ley, sino porque lo exige la conciencia profesional.

En el caso de José Bretón, la editorial Anagrama ha aclarado públicamente que no le ha pagado por el manuscrito. Es un dato relevante, porque muchas de las reacciones más airadas se han basado en la idea de que Bretón podría estar lucrándose con la publicación, algo que —al menos según la editorial— no se corresponde con la realidad. Puede seguir resultando reprobable que se publique su versión, pero desde el punto de vista legal y ético, no es lo mismo permitir que se exprese que pagarle por hacerlo.

Una parte de la sociedad ha cuestionado la publicación del libro de José Bretón por considerar que podría suponer una revictimización para la madre de los menores, al exponerla nuevamente a un episodio de violencia extrema.

Este planteamiento se apoya en principios jurídicos consolidados, como la protección del honor, la intimidad y la propia imagen recogida en la Constitución y en la Ley Orgánica 1/1982, así como en el marco de protección integral de las víctimas de violencia de género, tanto a nivel nacional como internacional. También se alude a la normativa sobre protección de datos, que exige el consentimiento explícito para utilizar información personal.

En definitiva, se trata de una posición con respaldo legal, centrada en garantizar que las víctimas no sufran una exposición pública innecesaria que pueda suponer un nuevo sufrimiento o agravar su dolor.

No se trata de justificar lo injustificable, ni de exaltar a quien ha causado un daño irreparable. Se trata de defender una estructura de derechos que, aunque incómoda, nos protege a todos. Permitir la publicación de un libro no significa eximir al autor de las consecuencias legales o morales de lo que diga. Pero impedirlo de antemano nos acerca más a modelos de control ideológico que a una sociedad libre.

El relato de José Bretón duele. Y su publicación puede ser vivida como una nueva forma de violencia por la madre de los niños y por una sociedad que aún recuerda el caso con estremecimiento. Pero el dolor no justifica la censura. Y en democracia, la solución nunca puede ser prohibir que se hable. Tal vez no queramos escuchar ciertas voces. Pero permitir que existan —sin premiarlas, sin amplificarlas— es parte del difícil equilibrio que define a una sociedad verdaderamente libre.

Por Santiago Ilundáin, abogado experto en Media & Entertainment de Santiago Mediano Abogados.

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