¿Qué novedades trae la Directiva para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión?

¿Qué novedades trae la Directiva para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión?

El pasado 26 de noviembre ha sido publicada, en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que entrará en vigor transcurridos 20 días. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las nuevas normas a su ordenamiento jurídico interno. Esta norma establece: • Crear Canales de denuncia en empresas (de más de 50 trabajadores) y municipios (de más de 10.000 habitantes) que tendrán la obligación de establecer canales de denuncia efectivos y eficaces. • Graduación en el uso de los canales: se recomienda que los denunciantes utilicen en primer lugar los canales internos de su organización antes de recurrir a los canales externos, aunque corresponde a los denunciantes elegir si deciden recurrir a los canales internos o externos. • Se presupone la buena fe del denunciante y se prevén sanciones para aquellas denuncias que sean falsas. • Se contempla la posibilidad de revelar la información públicamente, en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables. • Se amplía el ámbito de aplicación: contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, salud pública, protección de datos, derecho de la competencia, etc. • El concepto de denunciante es tratado de manera muy amplia y siempre en medio de una relación laboral: trabajadores, autónomos, funcionarios, directivos, etc. • Se determinan Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: se establecen salvaguardias para proteger de represalias...
El Brexit & sus posibles implicaciones para  los titulares de derechos de propiedad intelectual

El Brexit & sus posibles implicaciones para los titulares de derechos de propiedad intelectual

Tras la inseguridad económica y jurídica existente al fijase marzo de 2019 como fecha definitiva para el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, la Comisión Europea publicó el 28 de febrero de 2018 un proyecto de acuerdo que, en aras de proporcionar certidumbre, regirá la retirada del Reino Unido de la Unión a lo largo de un período transitorio que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. Como uno de los principales aspectos que contempla este proyecto, encontramos el estatus jurídico y la normativa aplicable a los derechos de propiedad intelectual e industrial una vez que la normativa comunitaria deje de ser aplicable en el Reino Unido. En concreto, la preocupación en torno al Brexit y los derechos de propiedad intelectual se focaliza: 1.- La pérdida para las entidades y organismos de radiodifusión de la UE del beneficio de la Directiva 93/83/CEE, consistente en que la radiodifusión se entendía realizada en el Estado miembro en el que se introduce la señal, y, por tanto, únicamente se necesitaba disponer de los derechos en dicho Estado. No obstante, el Brexit supondrá la necesidad de obtener en sus relaciones, tanto para UK como los países que componen la UE, autorizaciones específicas para radio transmitir. 2.- A partir de la fecha de la retirada definitiva, las entidades de gestión colectiva de la Unión no estarán sujetas a la obligación establecida en la Directiva 2014/26/UE. Por tanto, no estarán obligadas a representar a las entidades de gestión colectiva con sede en el Reino Unido en lo relativo a licencias multiterritoriales, lo cual, también aplica en sentido contrario y...
La portabilidad transfronteriza es una realidad: los prestadores de servicios digitales ( DSP) deberán prestar el mismo servicio a sus suscriptores en todos los territorios de la Unión Europea, sin coste adicional .

La portabilidad transfronteriza es una realidad: los prestadores de servicios digitales ( DSP) deberán prestar el mismo servicio a sus suscriptores en todos los territorios de la Unión Europea, sin coste adicional .

Desde el 20 de marzo de 2018 el Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior, es aplicable en todos los países de la Unión Europea. Este Reglamento es un paso más hacia la consecución de las metas propuestas en 2014 por el actual presidente de la Comisión Europea para promover el concepto de “Mercado Único” en el ámbito digital (Digital Single Market). Todo ello con el fin de dinamizar el Derecho y la actividad económica de la Unión. En concreto, el Reglamento regula la portabilidad transfronteriza entre los Estados miembros. Esto significa que, desde el pasado 20 de marzo, los usuarios de servicios digitales on-line en su Estado de residencia deberán recibir los mismos servicios en otro Estado miembro, sin coste adicional, cuando se trate de una estancia temporal en este segundo Estado. Esto implica que prestadores de servicio (o DSP, por sus siglas en inglés) como Netflix, Movistar +, ITunes, y Spotify, entre otros, han tenido que eliminar eventuales restricciones a la prestación de sus servicios dentro de la Unión Europea por razón del Estado en el que se encuentre el usuario-las cuales se derivan, en su mayoría, de la adquisición de licencias exclusivas-. Además, los DSP deben garantizar a los usuarios las mismas funcionalidades de las que disfrutan en su Estado de residencia sin coste adicional. No obstante, esto no implica que dicha prestación se haga bajo los mismos estándares de calidad (a menos que se estipule lo contrario contractualmente). Si bien es cierto que...
¿Cómo se debe indemnizar la finalización de un contrato temporal tras la sentencia del TJUE de 14/09/2016?

¿Cómo se debe indemnizar la finalización de un contrato temporal tras la sentencia del TJUE de 14/09/2016?

En los últimos días los medios de comunicación se han hecho eco de la reciente publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 14/09/2016, indicando que, tras la citada sentencia, la indemnización de los trabajadores temporales se equipara a la de los trabajadores fijos o indefinidos. Pero ¿qué significa tal equiparación? ¿qué es lo que dice realmente la sentencia del TJUE? La cuestión que se plantea ante el TJUE es si una trabajadora con contrato de interinidad tiene derecho a reclamar el pago de una indemnización por la finalización de su contrato, y el TJUE concluye que sí bajo el siguiente razonamiento: La normativa española discrimina entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos porque, aunque ambos se extingan por causas objetivas, la indemnización de los primeros asciende únicamente a 12 días y la de los segundos a 20 días. Asimismo, esta desigualdad es aún más evidente en lo que atañe a los interinos, a los que la normativa nacional no reconoce indemnización alguna cuando dicho contrato finaliza con arreglo a la normativa. Habrá que esperar para ver si esta decisión judicial provoca o no una nueva reforma legislativa en el ámbito laboral y en qué términos. Mientras tanto, serán los Tribunales españoles los que tendrán que decidir cómo aplicar la ley actual a la luz de la sentencia del TJUE. Desde el Área Laboral de Santiago Mediano Abogados quedamos a vuestra disposición para atender cualquier necesidad particular relativa a este asunto que pudierais precisar. Si desea ampliar información puede contactanos...
Aprobación de la nueva legislación en materia de Marcas de la UE

Aprobación de la nueva legislación en materia de Marcas de la UE

ALERTA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA El pasado 15 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de la Marca de la Unión Europea y la Directiva relativa a la Aproximación de las Legislaciones en materia de Marcas  El Reglamento entrará en vigor en el plazo de 90 días desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOCE), que tendrá lugar durante el mes de enero de 2016. Respecto  a  los  cambios  más  inmediatos  y  significativos  a  nivel  práctico  que  supondrá la entrada en vigor del Reglamento son de destacar los siguientes: La Marca Comunitaria pasará a llamarse Marca de la Unión Europea. Se modifica la actual denominación de Office for the Harmonization in the Internal Market (OHIM) que pasará a denominarse  European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Se modifica el actual  sistema de  tasas en el  que  se establece una  tasa base  por las tres primeras clases y una tasa adicional por cada clase que exceda de la tercera, por un nuevo sistema en la que se pagará una tasa por cada clase. Se establece un periodo  transitorio de seis meses para adecuar las marcas comunitarias solicitadas  con  anterioridad  a  la  fecha  de  la  sentencia  IP  Translator,  de  22  de  junio de 2012, que se hubieran solicitado con arreglo a los enunciados generales de la Clasificación de  Niza,  de  modo  que  se  indiquen  claramente  los  productos  y  servicios designados, cumpliendo así con los requisitos  de claridad y precisión que exige esta sentencia. En  cuanto a la Directiva, ésta  deberá  ser  transpuesta a la legislación  nacional  de los estados miembros  de  la Unión  Europea en el  plazo  de  tres  años,  con excepción  de  las  disposiciones relativas a los  procedimientos administrativos  de  caducidad y  nulidad  respecto  de los  cuales las oficinas nacionales disponen de un plazo de siete años para su puesta en marcha. Respecto a los cambios que la transposición de esta Directiva implicará en los procedimientos de registro de marcas españolas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) son de reseñar, entre otros, los siguientes: Se establece la necesidad de probar el uso de la marca oponente en los procedimientos de oposición, requisito que actualmente no se contempla. El  ejercicio  de  las  acciones  de  caducidad  y  nulidad  serán  tramitados  mediante procedimientos  administrativos  ante  la  OEPM,  en  lugar  de  los  actuales  procedimientos judiciales de caducidad y nulidad ante los Tribunales de lo Mercantil. Una  vez  se  publiquen  los  textos  definitivos  de  ambas  disposiciones  les  informaremos  con mayor  detalle  de  los  cambios  que  la  entrada  en  vigor  de  estos  textos  puede  suponer tanto para sus marcas ya registradas como para las futuras solicitudes que se...