El presidente de los EEUU, Joe Biden, anunció el pasado miércoles 5 de mayo un cambio de postura de su administración, declarando que apoyará en la Organización Mundial del Comercio (OMC) una suspensión temporal de la eficacia de las patentes registradas por las multinacionales farmacéuticas sobre las vacunas que han desarrollado contra el coronavirus, mientras dure la pandemia.
Este anuncio responde a la presión de muchos países ante la situación de emergencia que actualmente se vive en algunas partes del planeta, por ejemplo en India y Brasil, donde la pandemia está descontrolada. La filosofía que subyace a este anuncio es que los países en desarrollo no tienen fácil el acceso a las vacunas, dada su escasez y los costes que su adquisición comporta para vacunar a toda la población.
Se pretende con ello que todos los países puedan fabricar en sus territorios las dosis necesarias de las vacunas, a precio de coste y sin tener que abonar los royalties que derivan de los derechos de exclusiva generados por las patentes.
La representante de Comercio Exterior estadounidense, Katherine Tai justifica esta propuesta sosteniendo que “Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la covid-19 exigen medidas extraordinarias”.
Como es lógico, inmediatamente se han producido reacciones a favor y en contra de la propuesta. La OMS está obviamente muy interesada y valora muy positivamente la medida, mientras que las empresas farmacéuticas se han mostrado muy críticas con ella, pues de alguna manera valoran una suspensión de la eficacia de sus patentes, en las que han invertido miles de millones de euros, como una suerte de expropiación de su derecho a amortizar sus inversiones y obtener un beneficio de ellas.
En Europa los Estados miembros están de momento divididos. Existen países que ven con buenos ojos la medida (entre ellos España), mientras que otros se oponen frontalmente por considerar que no es la solución al problema (entre ellos Francia y sobre todo, Alemania).
Los críticos con la propuesta de la administración Biden sostienen que la suspensión de la eficacia de las patentes desalentará a las empresas de biotecnología a desarrollar productos en futuras pandemias. Incluso sostienen que ninguna empresa invertirá millones de euros en adaptar las actuales vacunas a las nuevas variantes del virus si no tienen la certeza de que podrán recuperar sus inversiones y obtener un beneficio razonable.
Al fin y al cabo, se trata de empresas privadas cuya razón de ser es obtener beneficios de su actividad para sus accionistas. No trabajarán “gratis et amore” por la humanidad, arriesgándose incluso a tener pérdidas, al no poder amortizar sus gastos en investigación. Es por ello que las Bolsas no han acogido bien la noticia. Las acciones de las farmacéuticas que fabrican vacunas contra el coronavirus cayeron drásticamente tras conocerse la propuesta.
Por otro lado, no está claro que las patentes sean el único obstáculo para el acceso de todos los países a las vacunas. Obviamente, el coste de las dosis, en cuyo precio están incluidos los derechos de licencia de las patentes, es un obstáculo. Pero no sólo es el precio. También la escasez de materias primas y el acceso a las mismas, así como las infraestructuras necesarias para proceder a la masiva fabricación de las vacunas, podrían impedir que la suspensión de las patentes generara un flujo sustancialmente superior de vacunas hacia los países en desarrollo.
Sin duda, la propuesta de la administración Biden es una propuesta bienintencionada. Cuestión distinta es que pueda ser eficaz. En cierto modo se trata de una medida cortoplacista, para salir del bache en los próximos meses (si es que tiene los efectos deseados), pero a largo plazo puede tener unos efectos gravemente perniciosos.
Esta expropiación (aunque sea temporal) de los derechos de retorno de las empresas farmacéuticas sobre sus gastos de investigación, a medio y largo plazo resultaría desastrosa, pues penaliza gravemente la iniciativa privada en este sector, que es la más potente actualmente, muy por delante de la investigación por instituciones públicas, en vacunas.
En cierto modo, el “milagro” que hemos presenciado en el último año, en el que hemos visto el desarrollo de vacunas en tiempo récord (vacunas que en otras circunstancias habrían tardado varios años, lustros, e incluso décadas en conseguirse), ha sido posible gracias a la iniciativa privada, cuyo incentivo son las patentes. Eliminar (o suspender) ese incentivo, supondrá penalizar la investigación privada, que ya no será rentable y, por tanto, ya no se acometerá.
En definitiva, la medida, que en el mejor de los casos podría resultar útil en los próximos meses, es una medida miope y oportunista, como suelen ser las propuestas de los políticos, más preocupados por su imagen y popularidad inmediata, y por salir del paso, que por tomar medidas sensatas hacia el futuro. “Pan para hoy y hambre para mañana”.
Raúl Bercovitz | Socio
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