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EL PARLAMENTO EUROPEO APUESTA POR UN TRIBUNAL PÚBLICO PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL MARCO DEL TTIP
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado recientemente la creación de un tribunal público que permita dirimir los conflictos entre inversores y Estados, ello en el marco de las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (conocido por sus siglas en inglés, TTIP).
Bruselas y Washington vienen negociando desde hace varios años un pacto comercial que pretende ir más allá de un tratado de libre comercio, con el objetivo de relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por la mesa de negociaciones han pasado cuestiones como el desmantelamiento arancelario total, la homologación de normas y exigencias administrativas, y por supuesto, la protección de la inversión extranjera a través de mecanismos de resolución de conflictos.
A nivel internacional, los conflictos entre los inversores y los Estados ‐cuando los primeros consideran que su inversión ha sido maltratada porque no se ha respetado lo firmado en el tratado de turno‐, tienden a ser resueltos por tribunales de arbitraje (conocido por sus siglas en inglés, ISDS) que permiten a las partes dirimir la controversia ante un órgano independiente, generalmente sometido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) o a la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (Uncitral).
Los ISDS han sido fuertemente criticados por no ser suficientemente imparciales en sus decisiones o por coartar la soberanía de los Estados, razones por las que algunos Estados miembros, eurodiputados y expertos, se oponen a la implementación de un ISDS para resolver los conflictos que se puedan suscitar entre inversores europeos y norteamericanos con los respectivos Estados. Además, para muchos este tipo de mecanismos es innecesario porque Estados Unidos y la Unión Europea tienen un nivel similar de protección legal.
A pesar de todas las discrepancias internas, la Unión Europea ha llegado a un punto medio, y es el de crear un órgano especial, un tribunal público formado por jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas. El nuevo sistema estará sujeto al principio de transparencia y al control democrático, debiendo incorporar un mecanismo de apelación. Así mismo, el tribunal público deberá respetar la jurisdicción de los tribunales comunitarios y de los Estados miembros y asegurar que los intereses privados no menoscaben los objetivos de las políticas públicas.
En cualquier caso el asunto no está del todo zanjado, habrá que esperar a la reacción de Estados Unidos, que apuesta por mantener la fórmula de los ISDS.
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