En el artículo publicado esta semana por la Revista Internacional de Derecho Práctico y Foro Jurídico Iberoamericano (FORJIB) nuestro Socio y responsable del Dpto. de Relaciones con la Administración, Francisco Arroyo nos cuenta que estimular las inversiones en el sector de las energías renovables era uno de los propósitos declarados del Real Decreto 661/2007. España tenía que reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, para cumplir con los objetivos que, como miembro de la Unión Europea, le correspondían de los acordados en el Protocolo de Kyoto.
El Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2010 establecía un objetivo de potencia instalada fotovoltaica de 400 MW para todo el quinquenio; en el mes de mayo de 2008, según información de la CNE, se habían superado los 1000 MW.
¿Qué pasó, no obstante, con la retribución prometida para las instalaciones que se habían puesto ya en marcha, con las inversiones ya hechas?
Accede en el siguiente link al artículo íntegro publicado por FORJIB.
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