La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector público, nació con la pretensión expresa de modificar la contratación pública incrementando sustancialmente la transparencia y la competencia efectiva en este ámbito, convertido ya en herramienta de políticas públicas de carácter social y medioambiental. Se trata de objetivos muy ambiciosos que no han estado exentos de críticas por quienes los consideran un exceso del legislador. Con todo, importa destacar que esta Ley ha introducido un nuevo paradigma en la contratación que obliga a mantener una especial vigilancia administrativa, con revisiones y acciones continuas y/o recurrentes. Recientemente se han producido dos particularmente interesantes:
- Por un lado, el BOE del pasado día 5 publicaba el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. La norma –enmarcada en la tendencia, hoy habitual, de dedicar a la exposición de motivos una extensión similar a la del articulado– se justifica en la vulnerabilidad de la seguridad pública en el ámbito digital, las exigencias de privacidad y las garantías de los derechos digitales de los ciudadanos (ciberataques, hackeo de dispositivos, robo de datos e información…)
En materia de contratación se introducen diferentes cautelas orientadas a “garantizar en todas las fases de la contratación (expediente de contratación, licitación y ejecución del contrato) el respeto por parte del contratista y subcontratistas de la legislación de la UE en materia de protección de datos)”: se amplía el contenido mínimo de los contratos y de los aspectos que deben señalar los pliegos, se introduce una nueva causa de nulidad de pleno derecho y nueva prohibición de contratar vinculada al tratamiento de datos personales; y se refuerza la responsabilidad del contratista frente a las conductas de subcontratistas.
- Por otro lado, en esta misma materia, la CNMC acaba de abrir una consulta pública sobre la mejora de la planificación de la contratación pública. Esta consulta se inserta en el marco más amplio de la actualización de la Guía sobre Contratación Pública y Competencia; documento esencial que a pesar del paso de los años (se publicó en 2011) explica la actuación y los objetivos que el regulador quiere implementar en este sector económico trascendental cuyo peso se aproxima al 20% PIB. Para facilitar los trabajos se ha elaborado un documento previo de referencia. El plazo de respuesta a esta consulta estará abierto hasta el 20 de diciembre de 2019.
En el Departamento de Derecho público y administrativo de SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS apoyamos activamente la actividad contractual pública de nuestros Clientes, asesorando y defendiendo sus derechos e intereses en todo tipo de licitaciones. También participamos en procedimientos públicos de consulta, como la que ahora ha abierto la CNMC. Si quiere ampliar información o hacernos llegar sus opiniones o sugerencias, no dude en contactar con nosotros en la siguiente dirección:
José Ignacio Juárez Chicote
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