La elusión de medidas tecnológicas anti-framing constituye comunicación al público

La elusión de medidas tecnológicas anti-framing constituye comunicación al público

El art. 3 de la Directiva (CE) 2001/29 de derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información concede a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, incluida la puesta a disposición del público, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. Y este derecho no se agota tras un acto de comunicación o puesta a disposición. Este derecho de exclusiva del autor presupone la facultad de autorizar –o de prohibir o limitar– los actos de comunicación pública sobre su obra. El titular es libre por tanto de autorizar limitadamente una comunicación o puesta a disposición de su obra. Para ello, el titular está legitimado para utilizar o imponer a sus licenciatarios el uso de medidas tecnológicas efectivas para prevenir actos de comunicación pública no deseados. Téngase en cuenta, además, que está prohibida la elusión de estas medidas tecnológicas una vez que se imponen (art. 6 / Dir.CE 2001/29). Desde hace años la jurisprudencia del TJUE trata de establecer en qué casos la práctica de dar acceso a contenidos mediante enlaces de internet (linking) puede constituir un acto de comunicación pública distinto al acto de comunicación original que se produce en la página enlazada. Una técnica de enlace es el framing, que consiste en dividir una página de Internet en varios cuadros y en mostrar en uno de ellos, mediante un enlace sobre el que se puede pulsar o un enlace en Internet incorporado (inline linking), un elemento procedente de otra página web para ocultar a...
Videopost: los retos legales de la robotización

Videopost: los retos legales de la robotización

La expansión de la inteligencia artificial y la robótica hasta alcanzar a los consumidores –algo que hasta hace unos años veíamos como futuro remoto– está revolucionando nuestra sociedad y nuestras empresas. Un avance del que podemos —y debemos— servirnos los humanos pero que abre, a su vez, muchos interrogantes. ¿Puede un robot ser sujeto de derechos y obligaciones? ¿Deben regularse los algoritmos para evitar que tomen decisiones discriminatorias por razón de raza, género o procedencia? ¿Deben regularse las interacciones entre los robots y los humanos para proteger a personas en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo se sostendrá el sistema de Seguridad Social cuando se vayan ocupando puestos de trabajo humanos por bots y robots? Son preguntas que ya no pertenecen a la ciencia ficción, sino a una realidad que demanda una respuesta jurídica. Hoy en día, la mayor incidencia de la robotización se produce en el ámbito laboral. Empiezan a dictarse las primeras sentencias que abordan despidos de trabajadores a los que la empresa ha decidido sustituir por bots. Y, por ahora, la tendencia de los tribunales es a proteger al trabajador frente a la libertad de la empresa para tomar estas decisiones. Prueba de ello es la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que considera improcedente el despido de un empleado después de que la imprenta para la que trabajaba comprase maquinaria más avanzada y, con ello, aumentase el rendimiento de la sección. Una decisión que, según el tribunal, ni es razonable ni cumple con el requisito de proporcionalidad, pues el despido no puede justificarse únicamente por la mejora de la productividad. Del mismo signo fue...
La defensa de la Propiedad Intelectual en la jurisdicción contencioso-administrativa

La defensa de la Propiedad Intelectual en la jurisdicción contencioso-administrativa

La defensa de los derechos de propiedad intelectual/industrial se libra en múltiples frentes. Estos días, por ejemplo, en Madrid se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización social ante la venta ilegal y las falsificaciones. Sin cuestionar su necesidad, estas actuaciones y las propias iniciativas legales o administrativas pierden utilidad si frente a las conductas infractoras no hay una reacción rápida y eficaz. Y es aquí donde, frente a la impresión generalizada de que la piratería es como la Hidra de Lerna –que regenera sus cabezas cada vez que le cortan una–, empieza a constatarse un escenario jurídico lo suficientemente maduro como para revertir la situación. Resulta esperanzador ver a autoridades administrativas plenamente concienciadas, funcionarios debidamente capacitados, jueces formados en aspectos tecnológicos… todos ellos comprometidos con la defensa de los derechos de propiedad intelectual en internet. Un ejemplo de ello es la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 15 de noviembre de 2019, que confirma la legalidad de las resoluciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, ordenando la inhabilitación del acceso a contenidos audiovisuales que vulneraban los derechos de propiedad intelectual. La singularidad del asunto radicaba en que el titular del servicio entendía que las autorizaciones para actuar como video club físico le permitían también actuar como video club online. La discusión se centró así en determinar si el visionado en línea de las obras audiovisuales debía considerarse un “acto de distribución” permitido o, por el contrario –como finalmente ha ocurrido– como “acto de comunicación pública” ilegal. Con apoyo en jurisprudencia del TJUE, la AN constata como...
El Brexit & sus posibles implicaciones para  los titulares de derechos de propiedad intelectual

El Brexit & sus posibles implicaciones para los titulares de derechos de propiedad intelectual

Tras la inseguridad económica y jurídica existente al fijase marzo de 2019 como fecha definitiva para el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, la Comisión Europea publicó el 28 de febrero de 2018 un proyecto de acuerdo que, en aras de proporcionar certidumbre, regirá la retirada del Reino Unido de la Unión a lo largo de un período transitorio que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. Como uno de los principales aspectos que contempla este proyecto, encontramos el estatus jurídico y la normativa aplicable a los derechos de propiedad intelectual e industrial una vez que la normativa comunitaria deje de ser aplicable en el Reino Unido. En concreto, la preocupación en torno al Brexit y los derechos de propiedad intelectual se focaliza: 1.- La pérdida para las entidades y organismos de radiodifusión de la UE del beneficio de la Directiva 93/83/CEE, consistente en que la radiodifusión se entendía realizada en el Estado miembro en el que se introduce la señal, y, por tanto, únicamente se necesitaba disponer de los derechos en dicho Estado. No obstante, el Brexit supondrá la necesidad de obtener en sus relaciones, tanto para UK como los países que componen la UE, autorizaciones específicas para radio transmitir. 2.- A partir de la fecha de la retirada definitiva, las entidades de gestión colectiva de la Unión no estarán sujetas a la obligación establecida en la Directiva 2014/26/UE. Por tanto, no estarán obligadas a representar a las entidades de gestión colectiva con sede en el Reino Unido en lo relativo a licencias multiterritoriales, lo cual, también aplica en sentido contrario y...
Sara de Román se incorpora como socia del Despacho a la oficina de Madrid

Sara de Román se incorpora como socia del Despacho a la oficina de Madrid

Santiago Mediano Abogados se complace en anunciar la incorporación de Sara de Román como Socia del Despacho. Sara obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Propiedad Intelectual tras obtener la primera posición de su promoción en el Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid. Con más de doce años de experiencia, posee, además, amplios conocimientos en Derecho Audiovisual, Protección de Datos y Nuevas Tecnologías, siendo docente en varios programas de máster sobre estas...